El Control Político es una función establecida en la Constitución Política para que exista una vigilancia por parte del Poder Legislativo de las acciones o las omisiones de los funcionarios del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo y de requerimiento de información acerca de sus funciones.

De tal manera que el Control Político es una institución que fortalece la democracia por servir como un mecanismo de vigilancia que el Poder Legislativo aplica a las actuaciones del Poder Ejecutivo.

Las comisiones de investigación nombradas por la Asamblea Legislativa con fundamento en el artículo 121, inciso 23 de la Constitución Política, pueden investigar cualquier asunto de interés público que le asigne la Asamblea Legislativa, para ese propósito cuenta con los poderes que la Constitución le otorga. El ejercicio de esta facultad está sujeto a los principios, valores y normas constitucionales, y el respeto de los derechos fundamentales.

Al establecerse en la Constitución Política la interpelación de los ministros y la posibilidad de censura son mecanismos republicanos muy importantes en un Estado de Derecho y especialmente en la función de control político.

Siempre habrá intereses negativos que procuran restarle valor a la función de la Libertad de Expresión, de la Libertad de Prensa, y por supuesto están en contra de las gestiones de Control Político y Ciudadano propias de las libertades públicas y fundamento jurídico del Estado de Derecho.

No se puede ignorar que hay grupos que consideraran que la Asamblea Legislativa solo esté creando leyes, más impuestos, regulaciones, préstamos, que sea una máquina de leyes, que no tenga control político, menos injerencia en las malas actuaciones en el sector público, menos interpelaciones a ministros, funcionarios, menos críticas, menos examen.

Por esas razones es que el Gobierno y diputados oficiales siempre van a querer menos control, y más legislación, menos uso de la palabra de los diputados, menos rendición de cuentas, y más recursos para gastar, menos interpelaciones a los ministros y más impuestos.  

Esa posición va contra el sistema de gobierno constitucional que tenemos, la Constitución Política estableció un Poder Legislativo que además de promulgar leyes, debe estar vigilante de las acciones públicas, del ejercicio de las competencias y del uso adecuado de los recursos públicos.

El Control Legislativo es esencial como parte misma de nuestra República democrática por ser parte de la libertad de información y la libertad de expresión, además por ser parte del pensamiento crítico y la vida ciudadana.