El pasado 29 de junio fue promulgada la Ley 10359, “Apoyo municipal para adultos mayores en pobreza”. Esta es, a mi criterio, una de las leyes que debían ser creadas dada la injusticia que se cometía cada 4 o 5 años cuando se autorizaban a las municipalidades a condonar intereses moratorios y multas por el atraso en el pago de tributos municipales a la cual se acogían los que podían conseguir la plata para pagar pero era inaccesible para muchas personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema.

La Ley 10359  tiene los dos componentes necesarios para hacer justicia a las personas adultas mayores en condición de pobreza y pobreza extrema: 1) Condonación total del principal, intereses y multas del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, tasas y servicios municipales y 2) la posibilidad de exonerarse de las tasas y servicios municipales cada año si cumplen con los requisitos. Siendo así, no solo reciben el alivio de dejar de lado la carga de la deuda que tenían, además, dada su condición de insuficiencia económica, no volverían a caer en una morosidad para la cual no tenían capacidad de pago.

¿Cuál monto de ingreso define la pobreza y la pobreza extrema? En julio del 2022, se consideraba que un ingreso mensual de ¢120.136 ubicaba a una persona en “condición de pobreza” que es el monto mínimo para que pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. La calificación de una persona en pobreza extrema se da cuando sus ingresos mensuales son iguales o inferiores a ¢59.744.

¿Cuántas personas adultas mayores podrían estar en pobreza o pobreza extrema? La Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) reveló que hay 710.417 personas adultas mayores y que de ellas, según el Observatorio del Envejecimiento de la Universidad de Costa Rica, en un artículo titulado: “Hay una alta esperanza de vida en Costa Rica, eso sí, muchas veces acompañada de pobreza y enfermedad”, 154.101 viven en condición de pobreza y 35.272 en pobreza extrema.

Eso es, más de 35 mil personas adultas mayores viviendo con menos de ¢60 mil por mes y 154 mil con ¢120 mil colones.

¿Qué establece la ley 10359?

• La ley beneficiará a las personas adultas mayores de 65 años en condición de pobreza y pobreza extrema. (Artículo 1)

• La municipalidad debe hacer un estudio técnico financiero para fundamentar el acuerdo que tome.

• Condonación. Si la municipalidad decide aplicar los beneficios de la presente ley en cuanto a la condonación, el Concejo Municipal debe tomar el acuerdo indicando que se acoge a ella. Tienen un plazo de 2 meses a partir de la publicación para hacerlo, es decir, el 29 de agosto del 2023 sería el último para acordarlo. (Artículo 2)

• La condonación, si la acuerda la municipalidad, será TOTAL, es decir, todo lo adeudado por la persona deudora. (Artículo 2)

• Condonación del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles, tasas y servicios municipales. La condonación del pago del principal, intereses y multas del Impuesto sobre los bienes inmuebles, tasas y servicios municipales será hasta el trimestre inmediato anterior a la entrada en vigencia de ésta Ley, eso sería hasta marzo del 2023. (Artículo 2)

• Plazo de la condonación. Sería de un año como máximo a partir del día siguiente de que quede en firme el acuerdo del Concejo Municipal. Si el acuerdo lo tomaron el último día del plazo para acogerse a la Ley 10359, vencería el 30 de agosto del 2024. (Artículo 2)

• Exención de tasas y servicios municipales. Las municipalidades quedan autorizadas para conceder la exención de las tasas y servicios municipales a partir de la entrada en vigencia de la Ley.

• Procedimiento para condonación o exonerarse del pago. 1) El adulto mayor contribuyente debe presentar la solicitud de condonación o exención en la administración tributaria de la municipalidad, 2) La municipalidad consulta en el Sistema Nacional de información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) para determinar si el solicitante esta en condición de pobreza o pobreza extrema, 3) El plazo para dar respuesta a la solicitud es de un mes. (Artículo 9)

• Personas no registradas en Sinirube. Las municipalidades podrán articular con el IMAS la solicitud para que sea analizada e incluida en el sistema. (Artículo 9)

• Exención anual. Cada año en los dos primeros meses, los solicitantes deberán renovar su exención en la municipalidad