El ingreso de dinero procedente del narcotráfico y otras economías ilícitas a las campañas electorales podría abrir las puertas a la captura de instituciones del Estado costarricense, mediante mecanismos de influencia sobre decisiones gubernamentales, nombramientos estratégicos, contrataciones y prioridades presupuestarias.

Así lo advirtió la investigadora y docente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), Ana Rita Argüello Miranda, quien señaló que el financiamiento de los partidos políticos constituye uno de los principales puntos de vulnerabilidad de los sistemas electorales y democráticos, particularmente en países que enfrentan una creciente presencia del crimen organizado.

La académica explicó que el verdadero peligro no se limita al ingreso de recursos de origen ilícito a una campaña electoral, sino a las posibles obligaciones, compromisos e intereses que podrían generarse entre quienes aportan esos recursos y quienes posteriormente ejercen el poder político.

“El principal riesgo no es únicamente que el dinero proceda de fuentes ilícitas e ingrese a las campañas electorales, sino que ese financiamiento se convierta en un mecanismo de captura de las decisiones públicas y que esto termine convirtiéndose en una captura del aparato estatal”, manifestó Argüello.

Según la investigadora, cuando organizaciones vinculadas con actividades criminales consiguen influir en estructuras políticas, podrían buscar beneficios mediante la designación de personas cercanas en puestos estratégicos, omisión de controles institucionales o la interferencia en investigaciones judiciales.

En ese escenario, advirtió, el financiamiento electoral dejaría de ser únicamente un asunto relacionado con los recursos económicos de los partidos para convertirse en un problema de seguridad y estabilidad democrática.

El análisis de la UNED surge en una semana marcada por nuevas informaciones relacionadas con el financiamiento electoral, investigaciones por presunta legitimación de capitales y discusiones legislativas sobre posibles vínculos entre el narcotráfico y la política costarricense.

El pasado 7 de octubre trascendió que un empresario detenido como sospechoso dentro de una investigación por presunto lavado de dinero había registrado aportes en especie por aproximadamente ₡14,1 millones a una agrupación política durante el proceso electoral de 2026.

Aunque la información sobre esas contribuciones ha generado cuestionamientos públicos, no se ha demostrado que los recursos donados tuvieran procedencia ilícita. 

Paralelamente, este 8 de octubre se conoció que las jefaturas legislativas buscan alcanzar un acuerdo para conformar una comisión especial que investigue posibles vínculos entre organizaciones dedicadas al narcotráfico, estructuras de financiamiento político y funcionarios públicos. 

A esto se suman diligencias judiciales relacionadas con presuntas estructuras paralelas de financiamiento de la campaña electoral de 2022 y cuestionamientos sobre el reporte de determinadas contribuciones políticas mediante plataformas de transferencia electrónica. 

Para Argüello, estos acontecimientos refuerzan la importancia de analizar las vulnerabilidades del sistema de financiamiento electoral desde una perspectiva preventiva, sin esperar a que las posibles irregularidades sean detectadas únicamente después de celebradas las elecciones.

Vulnerabilidades del sistema. Uno de los principales desafíos identificados por la investigadora está relacionado con la dificultad para fiscalizar oportunamente los aportes indirectos y las contribuciones en especie que reciben las agrupaciones políticas.

Argüello explicó que el financiamiento electoral no se limita a transferencias bancarias o donaciones monetarias. También comprende el préstamo de vehículos, combustible, alimentación, servicios profesionales, publicidad digital y otros recursos utilizados durante las campañas.

Si bien estas contribuciones están reguladas y deben reportarse, su naturaleza puede dificultar la identificación de quienes realmente proporcionan los recursos, especialmente cuando intervienen terceros o mecanismos informales.

“No estamos hablando solamente de donaciones económicas o bancarias, sino también de préstamos de vehículos, combustible, alimentación, servicios digitales y publicidad. Existe una dificultad importante para identificar quién está aportando realmente esos recursos”, explicó.

Otra de las debilidades señaladas por la académica es la existencia de estructuras paralelas de financiamiento, mediante las cuales determinados gastos o aportes pueden quedar fuera de la contabilidad formal de los partidos políticos.

“Es importante fortalecer la prevención y no quedarnos únicamente con la fiscalización posterior. Necesitamos sistemas de alerta temprana que permitan garantizar la trazabilidad de los recursos y detectar los riesgos antes de que comprometan los procesos electorales”, señaló.

Infiltración. La investigadora explicó que el financiamiento de origen ilícito también podría alterar las condiciones de igualdad entre las agrupaciones políticas y afectar el derecho de la ciudadanía a participar en procesos electorales equitativos.

En su criterio, cuando un partido recibe recursos irregulares que otros no tienen a su disposición, podría obtener ventajas económicas para desarrollar campañas publicitarias, fortalecer su presencia territorial y ampliar su capacidad de movilización.

La captura del Estado ocurre cuando determinados intereses logran condicionar sistemáticamente las decisiones institucionales para obtener beneficios particulares, en detrimento del interés general.

En el caso del crimen organizado, explicó, esos beneficios podrían traducirse en contrataciones favorables, nombramientos de personas cercanas, filtración de información confidencial, debilitamiento de controles o interferencia en las acciones de investigación y persecución penal.

“Cuando los intereses particulares logran influir sistemáticamente en las decisiones institucionales y políticas para obtener beneficios privados, se compromete el interés público. En el caso del crimen organizado, esto puede tener consecuencias especialmente graves para la institucionalidad democrática”, advirtió.

La académica agregó que estas situaciones también pueden provocar un deterioro de la confianza ciudadana en los partidos políticos, las instituciones y el propio sistema democrático.

Reformas electorales

Ante este panorama, Argüello recordó que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha presentado distintas propuestas de reforma dirigidas a fortalecer el sistema de financiamiento político costarricense, en 2023, planteó una serie de iniciativas relacionadas con la transparencia, la equidad en la competencia electoral, el acceso a recursos estatales y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización. 

Entre las propuestas destacan modificaciones al financiamiento estatal anticipado para reducir las barreras de acceso, alternativas para ampliar este mecanismo a las elecciones municipales y sistemas de franjas electorales que permitan una distribución más equitativa de espacios publicitarios.

También se han planteado medidas para mejorar la capacidad de control sobre los recursos que reciben y utilizan las agrupaciones políticas, la investigadora de la UNED, estas iniciativas constituyen un punto de partida para enfrentar las debilidades históricas del modelo costarricense.

No obstante, señaló que cualquier reforma debe considerar las nuevas dinámicas de las organizaciones criminales, su creciente capacidad económica y las distintas modalidades mediante las cuales podrían intentar penetrar estructuras partidarias.

“Las propuestas del Tribunal Supremo de Elecciones son un excelente punto de partida para fortalecer las debilidades que todavía presentamos como país. Sin embargo, es necesario comprender los nuevos contextos y las dinámicas que enfrenta Costa Rica”, afirmó.

Seguridad nacional. Argüello enfatizó que Costa Rica necesita dejar de abordar el financiamiento de los partidos políticos exclusivamente como un asunto administrativo, financiero o contable, “la discusión debe incorporar una perspectiva de seguridad democrática, prevención del crimen organizado y protección de la independencia”, dijo. 

Esto implica fortalecer la capacidad de identificar a los contribuyentes reales, mejorar los mecanismos de trazabilidad, detectar movimientos irregulares oportunamente y promover una mayor coordinación entre las autoridades electorales y las instituciones responsables de investigar posibles delitos.

La académica advirtió que, en un contexto de expansión de las economías ilícitas, las organizaciones criminales podrían encontrar en las estructuras políticas espacios estratégicos para buscar protección, influencia o legitimidad institucional.

Por esa razón, insistió en que las reformas deben procurar no solamente impedir el ingreso de recursos ilegales a las campañas, sino evitar que estos terminen condicionando el funcionamiento del Estado, “en un contexto de expansión del narcotráfico y de mayor capacidad económica de las organizaciones criminales, los partidos políticos pueden convertirse en espacios estratégicos para buscar protección e influencia”, manifestó.

Finalmente, la investigadora señaló que el fortalecimiento del sistema de financiamiento electoral constituye una tarea fundamental para preservar la independencia de las instituciones y la legitimidad democrática de Costa Rica.

“La finalidad no es solo impedir el acceso de fondos ilícitos a las campañas electorales, sino especialmente evitar que el poder económico de las economías ilícitas, nacionales y transnacionales derive en poder político y, eventualmente, en la captura del aparato estatal costarricense”, concluyó.

Última actualización: 08/10/2026