Política

Diputada Marta Esquivel presenta proyecto para eliminar el pago de cesantía a altos jerarcas del sector público

Redacción/noticias@periodicomitierra.com |
Diputada Marta Esquivel presenta proyecto para eliminar el pago de cesantía a altos jerarcas del sector público

La iniciativa busca impedir el pago de cesantías a magistrados y otros altos funcionarios, evitarnuevos aportes patronales a sus fondos de cesantía y sancionar el uso indebido de recursos públicos.

Propuesta generaría un ahorro de miles de millones a las arcas del Estado.

Recientemente, la diputada Esquivel solicitó explicaciones por el crédito de ₡128 millones queAsosejud otorgó a la magistrada Patricia Solano, cuyo plazo de 30 años implicaría que terminaría depagarlo cerca de los 96 años de edad.

La diputada de la Fracción Pueblo Soberano, Marta Esquivel Rodríguez, presentó un proyecto de leyque busca prohibir el pago de auxilio de cesantía a altos jerarcas del sector público, incluidos los magis‐trados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Supremo de Elecciones.

La iniciativa propone reformar los artículos 683 y 684 del Código de Trabajo, en lo relativo a los cargoscomprendidos en la prohibición, así como el artículo 18 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, con elpropósito de evitar que recursos públicos continúen financiando beneficios de cesantía para determina‐dos altos funcionarios.

El proyecto establece que estos jerarcas no podrán recibir cesantía por la finalización de sus nombra‐mientos, jubilación o pensión. 

Asimismo, prohíbe que las instituciones públicas realicen nuevos aportespatronales a fondos de cesantía por los períodos de ejercicio de esos cargos a partir de la entrada en vi‐gencia de la ley.

«No es justo que mientras miles de costarricenses tienen que trabajar durante años para ase‐gurar su futuro, algunos altos jerarcas reciban beneficios de cesantía financiados con recur‐sos públicos. Tenemos que poner orden y acabar con estos privilegios», manifestó la diputadaMarta Esquivel.

La propuesta también contempla medidas para prevenir conflictos de interés en la administración de re‐cursos públicos por parte de asociaciones solidaristas, especialmente cuando existen autoridades concapacidad de influir en decisiones relacionadas con aportes patronales y fondos de cesantía.

Última actualización: 26/10/2026